Algo no funciona cuando la labor del Gobierno se ve mediatizada por
la decisión de unos jueces. Y no me refiero a decisiones legislativas
cuestionables relacionadas con los derechos fundamentales de los
ciudadanos amparados por la Constitución, sino a lo que es simple y
llanamente una usurpación de atribuciones al convertirse los jueces en
jerarquía de facto del ejecutivo. La última sentencia del Tribunal
Supremo de Madrid ratificándose en la suspensión cautelar del proceso de
externalización de la Sanidad Pública en la Comunidad de Madrid, es una
injerencia inaceptable en la labor de gobierno, ya que no entra en el
fondo del asunto, sino solo en una supuesta irreversibilidad que pudiera
afectar al servicio público.
Ignora deliberadamente este Alto Tribunal que ya existen
antecedentes de externalización de servicios tanto en otras comunidades
autónomas como Andalucía,como en la misma Comunidad de Madrid, cuyo
funcionamiento no se ha puesto en cuestión ni ha sido denunciado. Afirma
que se produciría un posible "daño" irreversible y califica las
previsiones de ahorro como meras especulaciones, volcando una opinión
política subjetiva fuera totalmente de su competencia. Porque del mismo
modo, nos podemos plantear si haber estado durante casi dos años
"mareando la perdiz" hasta evacuar esta sentencia no es igualmente una
evidencia de la ineficacia y falta de eficiencia en la impartición de
Justicia.
Ayer conocimos que el Tribunal Supremo ha instado al Gobierno de la
Generalitat a cumplir la sentencia que obliga a considerar al español
como lengua vehicular en la enseñanza. Si nos atenemos a los
antecedentes, esta sentencia será ignorada y el Tribunal se verá incapaz
de obligar a su cumplimiento. No sé si en el caso de que la Comunidad
de Madrid ignorara la sentencia de suspensión, los partidos de izquierda
y los sindicatos serían tan comprensivos como lo son con los
secesionistas de la Generalitat respecto a los derechos violados de los
españoles en Cataluña.
Sea como fuere, el Gobierno del PP en Madrid ha perdido una de las
apuestas más importantes para la optimización de la Sanidad pública, con
la externalización de servicios. La manipulación informativa e
interesada de la oposición y los recursos ante los tribunales de
justicia, han hecho inviable el proyecto. El PPM está condenado por su
valentía a enfrentarse abiertamente y con una política liberal a la
crisis. Eso le ha acarreado el enfrentamiento con su propio partido, la
discriminación en la financiación autonómica y el aislamiento
institucional. Las verdades ofenden y la forma de ganarse enemigos es
desnudándoles ante la opinión pública.
Esperanza Aguirre estorbaba. Ignacio González su fiel sucesor debe
ser apartado. Este PPM resulta incómodo en un partido donde no se admite
la discrepancia ni la enmienda de políticas. Basta recordar las medidas
que se tomaron con otros destacados críticos como María San Gil o
incluso Mayor Oreja o el poco ejemplar congreso de Valencia. Sin
embargo, bien que se han tolerado otros "versos sueltos" como Alberto
Ruíz Gallardón con sus desplantes y amenazas de abandonar la política
(no se lo creyó nadie, claro). Un PP sumido en una esquizofrenia de
identidad donde el centro derecha está muy difuso e irreconocible y la
derecha tradicional no se siente representada.
Pues nada, dejemos que los jueces sean los que gobiernen, al fin y
al cabo deben sus cargos a la injerencia de la casta política en su
designación. Son parte de la misma masa hedionda, por no decir algo
escatológico.
