Fueron los socialistas quienes se “cargaron” la enseñanza
mediante la promulgación de ese engendro denominado LOGSE que por desgracia ha
creado una generación de analfabetos
funcionales en este país.
Un
reciente estudio ha venido a recordarnos un dato casi olvidado por de sobra
sabido: el 44 por ciento de los jóvenes universitarios no acaba sus estudios;
el 25 por ciento, abandona la carrera el primer año. ¿Imaginan alguna empresa o
actividad con un índice igual de fracaso? ¿Calculan las convulsiones que ello
supondría, las cabezas que rodarían? ¿Creen que podría seguir la empresa así
durante décadas, con los mismos resultados desastrosos y sin cambiar nada, o,
peor aún, reforzando las líneas de actuación que llevan al cataclismo? Pues
todo eso que resulta inconcebible en el mundo real, sucede impasiblemente y con
total impunidad en el ámbito de la enseñanza.
Este fracaso reiterativo constituye, pura y simplemente, una
estafa. Una estafa en lo colectivo y en lo individual. En lo colectivo porque
son miles de millones de nuestros impuestos los que se emplean en pagar aulas,
becas y profesores para tan pésimos resultados. En lo individual porque son
muchos los años que echan los estudiantes en las clases; muchas las ilusiones
que ponen sus familias, bastantes los dineros que detraen de otros destinos.
Todo ello para llegar a la universidad y descubrir que han sido tan mal
preparados para el esfuerzo como un aspirante a atleta de competición al que se
le hubiese convencido de que para obtener los mejores logros, no hacía falta
entrenamiento ni esfuerzo alguno, y que era suficiente con ver vídeos de
deporte y sentarse (eso sí, vestido con atuendo deportivo caro) en las gradas
del estadio.
Porque ese fracaso multitudinario ha venido gestándose a lo largo
de la Enseñanza Secundaria y del Bachillerato, a través de los cuales se ha ido
preparando al alumno para incapacitarlo a la hora de la verdad.
Esa estafa colectiva fue programada de forma minuciosa y sistemática por una filosofía educativa roussoniana que se consagró en esa ley reaccionaria que fue la LOGSE y las sucesivas interpretaciones de los detalles de la misma. A través de ello, se ha acostumbrado al alumno a entender el aprobado y la promoción como un derecho (y no como la consecuencia objetiva de su trabajo) y se han eliminado las prácticas y los conceptos de trabajo y responsabilidad. Al mismo tiempo se ha sembrado un pernicioso discurso teórico que entiende la actividad escolar en términos de juego y entretenimiento, que explica los suspensos en virtud de la incapacidad de los profesores o de la falta de adaptación de los programas, y que conceptúa cualquier esfuerzo de los alumnos como excesivo. Ese discurso, bien conocido de padres y de alumnos, se complementa con medidas burocráticas y parajudiciales que ponen en manos de los alumnos y de sus familias medidas de presión a fin de conseguir la ejecución práctica del derecho teórico al aprobado. Si se añade a ello el que ante los escasos instrumentos de control en la clase, el profesorado opte por regalar los aprobados a los alumnos conflictivos, a fin de darles puente de plata, habremos acabado de entender la poderosa panoplia de mecanismos que hemos creado para expulsar de las clases (o, al menos, rebajarlas a su mínima expresión) las nociones de esfuerzo y responsabilidad, y la correspondencia de éstas con la calificación final.
Esa estafa colectiva fue programada de forma minuciosa y sistemática por una filosofía educativa roussoniana que se consagró en esa ley reaccionaria que fue la LOGSE y las sucesivas interpretaciones de los detalles de la misma. A través de ello, se ha acostumbrado al alumno a entender el aprobado y la promoción como un derecho (y no como la consecuencia objetiva de su trabajo) y se han eliminado las prácticas y los conceptos de trabajo y responsabilidad. Al mismo tiempo se ha sembrado un pernicioso discurso teórico que entiende la actividad escolar en términos de juego y entretenimiento, que explica los suspensos en virtud de la incapacidad de los profesores o de la falta de adaptación de los programas, y que conceptúa cualquier esfuerzo de los alumnos como excesivo. Ese discurso, bien conocido de padres y de alumnos, se complementa con medidas burocráticas y parajudiciales que ponen en manos de los alumnos y de sus familias medidas de presión a fin de conseguir la ejecución práctica del derecho teórico al aprobado. Si se añade a ello el que ante los escasos instrumentos de control en la clase, el profesorado opte por regalar los aprobados a los alumnos conflictivos, a fin de darles puente de plata, habremos acabado de entender la poderosa panoplia de mecanismos que hemos creado para expulsar de las clases (o, al menos, rebajarlas a su mínima expresión) las nociones de esfuerzo y responsabilidad, y la correspondencia de éstas con la calificación final.
Así,
es de ver la sorpresa de muchos alumnos «preuniversitarios», ya, según la
antigua denominación, cuando se les apremia con exigencias y cuando comprenden
que «de verdad, de verdad» (es decir, a finales de curso) pueden ver vulnerado
lo que entienden como su derecho subjetivo al aprobado. De este modo, lanzamos
a la vida real (a la Universidad) a muchachos/as a quienes hemos convencido de
que el aprendizaje se realiza sin esfuerzo y a quienes no hemos inculcado el
hábito del trabajo y el valor de la responsabilidad individual. Es decir, hemos
convertido la Enseñanza Secundaria y el Bachiller en un mundo de ficción, en el
que aislamos a los alumnos de la realidad y les hacemos creer que éste, el
mundo en el que se atan los perros con longanizas, es el mundo real.
Y
no es necesario subrayar que si esa estafa es general para todos los alumnos,
lo es más para aquéllos cuya familia tiene una menor dotación cultural de
relación con el mundo o posee menos dinero para sostener en los estudios
superiores a sus hijos durante años, contra viento y marea. Es decir, que esa
enseñanza es un pésimo instrumento para ayudar a la promoción de los que tienen
menos o, lo que es lo mismo, es un magnífico instrumento para consagrar la
desigualdad.
Lo dijo en su día el señor Maravall: «Como los hijos de los obreros van
a repetir, por lo general, la profesión de sus padres, ¿para qué angustiarlos
durante el tiempo que permanezcan en la enseñanza obligatoria? Dejémoslos que
sean felices y jueguen». El ministro Maravall, ya saben, el padre junto con el
PSOE de esa ley básicamente reaccionaria que fue la LOGSE. Así nos ha ido desde
entonces, solo hemos conseguido estropear un generación de jóvenes.
